Los defensores oficiales de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los principales acusados del atentado contra Cristina Kirchner, pidieron que la causa, en la que están procesados por tentativa de homicidio. se eleve a juicio.
Su opinión coincide con la del fiscal del caso, Carlos Rívolo, que el 29 de mayo pasado solicitó dar por cerrada la instrucción y enviar el expediente a un tribunal que lleve adelante el juicio oral. Los abogados de la vicepresidenta -querellante por su condición de víctima del ataque- pidieron en cambio que el caso no se eleve y reclamaron que se lleven a cabo medidas de prueba pendientes. Cristina Kirchner denunció incluso públicamente que la elevación era un intento de frenar la investigación para no llegar a los autores intelectuales.
El escrito que presentó la defensa Uliarte, representada por el defensor público Gustavo Kollmann, no solo aceptó la elevación a juicio sino que además pidió que se hiciera efectiva cuanto antes, teniendo en cuenta que Uliarte está presa con prisión preventiva.
La decisión sobre la elevación la tomará la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti. Lo que resuelva no será apelable. Esto implica que si decide que el caso está en condiciones de ser enviado a un tribunal, la oposición de la vicepresidenta no podrá evitarlo.
Cristina Kirchner afirmó: “Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”.
Para los investigadores, en cambio, lo que corresponde es elevar a juicio la causa respecto de los tres acusados que tienen sus procesamientos confirmados (Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo, el líder de los vendedores de copos de azúcar, como partícipe secundario), y seguir investigando, en paralelo, otras posibles líneas que permitan determinar si hubo otros responsables del intento de asesinato. Hasta hoy, Rívolo cree que no. “Toda la prueba reunida hasta aquí revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos”, afirmó el fiscal en su dictamen.
Para él, “toda la prueba recabada hasta el momento impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado”. El fiscal precisó, en este punto, que se investigaron posibles vínculos con Revolución Federal, pero que no se encontraron pruebas que vinculen a esta agrupación, liderada por Jonathan Morel, con el atentado.
