WASHINGTON.- Un nombre del pasado volvió a circular esta semana en las noticias en Estados Unidos: Eugene V. Debs. Ignoto para la gran mayoría del país, Debs se ganó un lugar en la historia en 1920, al competir por la presidencia como candidato del Partido Socialista desde la cárcel. Había sido condenado a seis meses de prisión por desafiar una orden judicial durante una huelga. Detrás de las rejas, Debs consiguió más del 3% del voto popular, su mejor elección de las cinco en las que compitió por la Casa Blanca. El año próximo, Donald Trump puede estar en el mismo lugar que Debs. Y, si gana la elección presidencial, puede poner a Estados Unidos ante una singularidad política nunca vista: un presidente electo, condenado y sentenciado por la Justicia del país que debe liderar.
Aun con tres causas judiciales sobre sus hombros, una de ellas por conspirar contra el país al intentar revertir su derrota en la elección presidencial de 2020, Trump puede volver a la Casa Blanca. El exmandatario enfrenta 78 cargos criminales por sus tres causas –puede llegar a ser condenado con hasta 641 años de prisión–, pero ninguno le impide ser nuevamente candidato. “¿Donald Trump podría ser presidente si es declarado culpable?”, se preguntó un titular en CNN. La respuesta es sí.
Ese escenario aparece ahora como un horizonte traumático para un país con un largo historial de eventos que pusieron a prueba la solidez de sus cimientos institucionales. La posibilidad de que un convicto se convierta en presidente electo abre interrogantes nuevos en la vida de Estados Unidos, y un laberinto de opciones que expertos constitucionalistas intentan dilucidar ante el conflicto sin precedente que se desataría por el choque de dos pilares fundamentales para una democracia: el imperio de la ley y la voluntad del pueblo.
A lo largo de su historia, Estados Unidos logró superar algunos de sus conflictos y traumas más difíciles y complejos montado en un andamiaje institucional que, para muchos, es un referente global. Ocurrió con la revolución que dio nacimiento al país, la Guerra Civil, el movimiento por los derechos civiles, el Macartismo, el asesinato de JFK o escándalos como Watergate, que terminó en la primera renuncia de un presidente, Richard Nixon. Pero ahora el país debe lidiar con un conflicto inédito: un expresidente con un extenso prontuario judicial que busca volver a ser candidato y goza de un fuerte respaldo político. Si Trump es condenado por un jurado y sentenciado por un juez y es electo, Estados Unidos puede quedar hundido en una crisis constitucional.
La constitución norteamericana sólo exige que una persona sea mayor de 35 años, haya nacido en Estados Unidos y haya vivido en el país al menos 14 años para poder ser candidato presidencial. No impide que alguien acusado, condenado, o incluso encarcelado, compita por la Casa Blanca. Una enmienda constitucional de la era de la Guerra Civil prohíbe que cualquier persona que “participe en una insurrección” contra el país ocupe un cargo electo sin la aprobación de dos tercios de la Cámara y el Senado. Pero Trump hasta ahora no ha sido acusado de insurrección.
Distintos escenarios
Trump apuesta a que, más allá de su suerte en los tribunales, los votantes den el veredicto final. Un eventual triunfo en los próximos comicios le abriría un camino a la absolución. Si a esa altura ninguno de los juicios ha comenzado todavía –sus abogados ya tejen una estrategia para demorar las causas todo lo posible–, o aún no han concluido, Trump quedaría virtualmente blindado por la presidencia. El Departamento de Justicia adoptó la política, durante la presidencia de Nixon, de que un presidente en ejercicio es “constitucionalmente inmune” a la acusación y el enjuiciamiento penal, porque, de lo contrario, el procesamiento violaría el principio constitucional de división de poderes. Trump podría, además, designar un fiscal general que le garantice esa inmunidad eliminando los cargos en su contra. Este es uno de los motivos por el cual el fiscal especial que acusó a Trump en sus dos causas federales, Jack Smith, ha dicho que quiere que los juicios sean “expeditos”.
Un escenario mucho más complejo se abre si alguno de los dos juicios federales, el que se realizará en Miami por la causa de los documentos clasificados, y el de Washington, por la “conspiración” para intentar revertir el resultado de la última elección presidencial, comienza y termina en medio de la campaña presidencial. El equipo de abogados de Trump intenta evitarlo. “Cada persona en los Estados Unidos tiene derecho al debido proceso, incluido el expresidente”, ha dicho uno de sus abogados, John Lauro.
Pero la eventualidad de que Trump sea juzgado y, eventualmente, condenado antes de la elección presidencial del año próximo existe. Si Trump pierde, deberá cumplir su condena. Pero si gana, Estados Unidos entrará en territorio desconocido. No existe un antecedente. Una opción que barajan expertos constitucionalistas es que Trump pida su liberación alegando que la Justicia no puede interferir con el Poder Ejecutivo, o se indulte a sí mismo o anule su sentencia. Otro escenario ciertamente paradójico: que el presidente, Joe Biden, lo indulte antes de dejar la Casa Blanca.
El favorito
El laberinto legal en el que puede quedar encerrado Estados Unidos se debe exclusivamente al férreo respaldo –pese a todo– que Trump aún tiene en el Partido Republicano. Las encuestas coinciden en que alrededor de 7 de cada 10 votantes republicanos creen, todavía, que Trump le ganó la elección a Biden. “Lo digo ahora mismo: votaré por el presidente Trump incluso si está en prisión”, dijo esta semana la congresista ultratrumpista Marjorie Taylor Greene, una postura arraigada entre sus seguidores. “Es el único hombre que puede salvar a este país del régimen comunista en el que nos encontramos”, aseguró.
Varias figuras republicanas han comenzado a tomar distancia o a criticar abiertamente a Trump. Incluso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, segundo en las encuestas en la interna republicana, negó esta semana que la elección 2020 haya sido fraudulenta, algo que se había resistido a decir. “Todas esas teorías que se presentaron no resultaron ser ciertas”, dijo.
Pero esa dista de ser la postura partidaria, o la de la mayoría de sus votantes. Muchos se han plegado a la estrategia trumpista de recurrir al lawfare y acusar a Biden de orquestar una persecución política.
“Donald Trump no hizo nada malo”, dice a LA NACION Dion Cini, 54 años, afuera del tribunal de Washington donde Trump compareció esta semana. Cini lleva la clásica gorra roja con la leyenda Make America Great Again. Los demócratas, dice, hicieron trampa en la última elección. Está convencido de que Trump saldrá airoso de todo. “Trump no va a ir a la cárcel. No hay forma de que lo metan en la cárcel”, sentencia.
