SANTA FE.- Se acrecienta la “resistencia” de trabajadores y distintas organizaciones relacionadas con el sector agropecuario de esta provincia, en defensa de Vicentin, la agroexportadora concursada que transita por instancias judiciales decisivas sobre su futuro ya que, según la última decisión conocida en la Justicia, el 17 de octubre vencerá el último plazo otorgado por el juez de la causa, Fabián Lorenzini, para que se inscriban oferentes en el proceso de cramdown, ya que si ello no ocurre se decretará la quiebra.
Este martes, cerca de un centenar de trabajadores y dirigentes de distintas entidades del quehacer socioeconómico del Gran Rosario, se reunieron al caer la tarde en la conocida “Esquina de los Bancos”, microcentro de la ciudad de San Lorenzo (San Martín y Urquiza), donde funciona una parte del complejo industrial de la firma, para manifestar el respaldo a la continuidad de funcionamiento del complejo oleaginoso que se complementa con una planta en Ricardone, ambos en la zona norte del departamento Rosario, y en el eje Reconquista-Avellaneda, extremo norte de la provincia.
El reservado almuerzo donde el equipo económico de Milei preguntó por los dólares de 2024
“Nuestro objetivo es defender los 1500 puestos de trabajo directos y más de 3000 indirectos de Vicentin”, sostuvo Roberto Merlo, uno de los empleados de la firma agroexportadora, en diálogo con LA NACION.
La concentración también puso en evidencia la postura de los obreros de la firma sobre lo que actualmente trata de resolver la justicia de Reconquista, a cargo de la causa, como las instancias vigente del cramdown, o la posterior decisión de quiebra. “Nosotros decimos ‘No al cramdown, no a la quiebra’”, aseguró Merlo cuando el acto estaba en pleno desarrollo. “Expresamos la gran preocupación que tenemos los trabajadores por la incertidumbre que genera la situación que atraviesa empresa. Nosotros llevamos cuatro años en un proceso de incertidumbre, pendientes de que se extingan las fuentes de trabajo y cuando veíamos una luz al final del camino, el juez rechazó la propuesta de la empresa. Hay un nuevo plazo pero no sabemos si alguien se va a inscribir. Para colmo no hay granos, por lo que las instalaciones siguen paralizadas. Como decimos siempre: sin producción se acaba la plata, se cierra la empresa y perdemos nuestros puestos de trabajo”, amplió Merlo.
Durante el acto también habló el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo (UCR), quien reiteró el apoyo institucional al reclamo de los trabajadores a la vez que reclamó que se encuentre “una rápida salida” de solución a la situación planteada en las últimas semanas. Durante las exposiciones quedó claro el impacto de una eventual medida judicial de quiebra de la empresa sobre los trabajadores ya que en lo que se denomina el Nodo San Lorenzo-Ricardone, donde funcionan las plantas procesadoras de Vicentin, se desempeñan 800 obreros, que se suman a los 500 en jurisdicción de Avellaneda, más unas 3000 familias que prestan servicios colaterales, como talleres, mantenimiento mecánico y eléctrico, parquizado y logística.
Otra marcha
En tanto, una nueva marcha “contra la entrega de Vicentín” fue convocada para este miércoles, a las 19.30. Comenzará en la intersección de la ruta nacional 11 y calle 21, de Avellaneda, donde nació la empresa familiar, pero que se extenderá hasta los Tribunales de Reconquista.
“No necesitamos salvataje del gobierno, necesitamos salvarnos del gobierno”, reza el texto de la convocatoria. En otros volantes que se repartieron durante la jornada, se explicó que “en 2020, la presión ciudadana logró evitar un intento de expropiación absurdo. Hoy, cuando todo parecía encaminado los sospechosos de siempre vuelven a la carga. Si bajamos la guardia, tarde o temprano nos pasan por encima”, resaltaron los convocantes al acto y movilización.
Por su parte, el movimiento de ciudadanos independientes “Campo+Ciudad”, que anunció su asistencia a la movilización, expresó “su profunda preocupación ante el insólito rechazo judicial a la propuesta de pagos de Vicentin, que contaba con la aprobación de casi la totalidad de los acreedores privados (incluido bancos internacionales) y el solitario rechazo del mismo gobierno que intentó expropiar la cerealera y de una empresa vinculada a grupos de poder”.
“La homologación del acuerdo de acreedores hubiera significado el fin de un largo calvario al que fueron sometidas innecesariamente miles de familias por un extemporáneo intento de expropiación al que siguió un hostigamiento constante, inadmisible en un estado de derecho”, agregó.
