El Senado convirtió en ley este martes el proyecto que establece una indemnización económica y un reconocimiento moral y social a las víctimas de los grupos armados que, “por motivos ideológicos”, actuaron en Uruguay entre 1962 y 1976. La normativa, más conocida como “pensión a las víctimas de la guerrilla, entrará en vigencia luego de varios intentos frustrados desde el retorno a la democracia.
En términos generales, otorga una pensión a las víctimas directas o a sus familiares. El proyecto había sido presentado en el Senado por parte del Poder Ejecutivo, tras una iniciativa de Cabildo Abierto. A instancias del colorado Ope Pasquet, el texto fue modificado en la Cámara de Diputados. Allí se le incluyó, entre otros aspectos, el monto de las pensiones que se pagarán. Serán US$ 150.000 para los familiares o causahabientes de las personas que murieron víctimas de esos hechos.
En el caso de que a consecuencia de esas acciones la persona hubiera sufrido una incapacidad permanente, total o parcial, la víctima o sus herederos podrán reclamar US$ 100 mil. Finalmente, los que hayan sido privados de su libertad por parte de estos grupos por más de 72 horas, o sus herederos, cobrarán US$ 50 mil.
El proyecto fue definido por el cabildante Guillermo Domenech, que insistió en que la intención es contribuir a la “reconciliación” de los uruguayos en torno a los hechos sucedidos en el pasado reciente. En ese sentido y, conociendo el resultado, el legislador expresó su “esperanza” de que el Frente Amplio pudiera acompañar el proyecto, y así ayudar a “cerrar una herida” que viene dividiendo a varias generaciones.
Tal como lo hizo en Diputados, el Frente Amplio rechazó esta ley y este martes en sala volvió a presentar los motivos. En particular, cuestionan si todas las acciones ocurridas en el período reseñado pueden atribuirse a la responsabilidad de grupos armados. También, porque el monto de las pensiones previstas supera a las que desde 2008 se vienen otorgando a las víctimas del terrorismo de Estado.
En su exposición el senador Oscar Andrade puso ejemplos: “si perdiste la vida, en un caso la reparación es de US$ 60 mil, en este caso es de US$ 150 mil”, dijo. Andrade señaló otras diferencias. Por ejemplo, que una víctima del accionar guerrillero podrá recibir una pensión si prueba que estuvo tres días privado de su libertad por esta causa. En el caso de las víctimas del terrorismo de Estado, deben haber estado presas por 180 días.
La propuesta había sido respaldada por el Parlamento a principios de julio. En aquel entonces, el excomandante en jefe del Ejército y actual senador, Guido Manini Ríos, líder del partido Cabildo Abierto había dicho que el apoyo significaba “un paso más hacia la reconciliación”
De la misma manera que en esta instancia, diputados del Frente Amplio habían cuestionado la ley y señalaron que las fechas que abarca la medida “afectan únicamente a las acciones de la guerrilla urbana marxista del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y excluye a grupos armados de ultraderecha, como ‘escuadrones de la muerte”, que también operaron en los años 60 en ese país.
