En medio del escándalo por los cobros ilegales en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el interbloque de Juntos, que lidera Maximiliano Abad, prepara por estas horas un proyecto para reformar el parlamento bonaerense con el objetivo de reducir los gastos del cuerpo. La coalición opositora propondrá unificar las cámaras para bajar de 138 a 80 la cantidad de diputados y senadores.
Así, afirman desde JxC, se podría reducir en un 43% la cantidad de legisladores, lo que tendría un impacto en el presupuesto de $62.100 millones que destina el gobierno de Axel Kicillof para mantener los gastos del recinto bonaerense. De esta forma, los representantes de la UCR, Pro y la Coalición Cívica apuntan a disminuir la planta de empleados y asesores.
Además, los referentes del espacio en Buenos Aires planean impulsar la eliminación de la elección de medio término para renovar los legisladores provinciales. Dicho de otro modo: propondrán que a partir de los comicios de 2027 se elija a la totalidad de la Legislatura unicameral y los representantes tendrán un mandato de cuatro años. Resta saber cómo piensan avanzar con estas modificaciones de la Constitución de la provincia. Una alternativa sería convocar la Asamblea Constituyente o hacer un plebiscito.
La reacción opositora se produjo frente al revuelo político y mediático que provocó en plena campaña electoral el cierre de la causa judicial en la que se investigaba un supuesto caso de corrupción en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, pocos referentes de Pro y la UCR en Buenos Aires salieron a repudiar ese fallo, lo que alimentó las sospechas de un presunto pacto de silencio con el PJ. De hecho, JxC no presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados.
Días atrás, los camaristas platenses Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, quienes anularon la causa que investigaba una presunta defraudación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y que liberaron al dirigente del PJ Julio Rigau, conocido como “Chocolate”, fueron denunciados por dirigentes opositores, que los acusaron de “mal desempeño”, una de las causales de remoción de sus cargos. El puntero peronista Chocolate Rigau había sido arrestado mientras retiraba plata de un cajero automático con tarjetas de decenas de empleados legislativos, que se sospecha eran ñoquis.
Frente a consultas periodísticas, Patricia Bullrich, candidata presidencial de JxC, y el expresidente Mauricio Macri repudiaron la decisión de los camaristas y pidieron que continúe la investigación para saber está detrás del puntero que sacaba plata de un cajero automático con tarjetas de decenas de empleados legislativos.
Bullrich reclamó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su ministro de Justicia, Julio Alak, brinden explicaciones sobre el escándalo por el cierre exprés de la causa. Repitió que no pueden quedarse mudos porque “es evidente que hubo un manejo un poco transparente y la Justicia decidió no investigar” los cobros ilegales.
Ayer contó que había instruido a Abad y Néstor Grindetti, su candidato a la gobernación bonaerense, para que avancen con un reforma para implementar un “sistema de control y de rendición de cuentas” con el fin de garantizar una mayor transparencia en la Legislatura de la provincia.
Por su parte, Macri pidió que la Justicia “investigue a fondo” el caso, “caiga quien caiga”. “No sé quién es peor, si los camaristas o Chocolate. Terminemos con este tipo de sistemas; el que las hace las tiene que pagar”, expresó en diálogo con Todo Noticias.
