El oficialismo, apoyado por el peronismo disidente y fuerzas provinciales aliadas, sancionó esta noche el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias a partir del año próximo, propuesta impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial del kirchnerismo, Sergio Massa, como parte de su campaña para las elecciones del 22 de octubre.
La votación concluyó positiva por 38 votos a favor y 27 en contra. Tal como ocurrió la semana pasada, cuando el proyecto fue aprobado por la Cámara baja, dirigentes de la CGT, como Pablo Moyano, celebraron en los palcos la sanción de la iniciativa. Mañana, la central obrera realizará frente al Congreso un acto para celebrar la nueva ley. Algunas columnas se habían adelantado y desde la tarde ya se habían concentrado frente al palacio legislativo.
La medida dejará fuera del alcance del tributo a más de 800.000 trabajadores al fijar un nuevo impuesto que tributarán aquellos que ganen más del equivalente a 15 salarios mínimos vital y móvil. Tras la reunión celebrada esta semana en el Ministerio de Trabajo, que actualizó el valor de ese ingreso, ese piso quedaría cerca de los dos millones de pesos.
La iniciativa mereció el rechazo de la totalidad del interbloque de Juntos por el Cambio y de la peronista Alejandra Vigo (Córdoba), esposa del gobernador Juan Schiaretti, quien se declaró un enérgico opositor de la medida por el impacto que tendrá en los fondos que se coparticipan con las provincias.
NINGÚN TRABAJADOR VOLVERÁ A PAGAR GANANCIASDesde hace más de 10 años vengo sosteniendo que #ElSalarioNoEsGanancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día. Desde ahora, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores es una realidad. pic.twitter.com/62RAZ0XARk
— Sergio Massa (@SergioMassa) September 29, 2023
El de la merma de los ingresos, por la consecuente caída en la recaudación al dejar de tributar el impuesto casi un millón de asalariados, en medio de la crisis económica fue el eje de los cuestionamientos de los críticos del proyecto y del candidato presidencial oficialista.
“Acá le debemos a cada santo una vela, pero encima decidimos bajar algunos impuestos. Es una tremenda irresponsabilidad en medio de la tormenta perfecta que estamos teniendo. Esto va a empujar a una hiperinflación que podría dar pie a la locura de la dolarización. Estamos queriendo reventar a la Argentina”, sentenció Eduardo Vischi (UCR-Corrientes). “Han convertido a la Argentina en Venezuela y ahora quieren tapar el cielo con las manos”, aseguró, por su parte, Juan Carlos Romero (Salta).
El radical correntino avanzó un casillero más y apuntó sus dardos al ministro candidato. “Creerle a Massa es casi una cuestión de enfermedad, porque creerle a una persona que miente permanentemente es masoquista”, dijo en dirección a la bancada oficialista.
“Dejen de tratarlo de mentiroso a Massa. Se equivocaron en la convención de Gualeguaychú”, salió al cruce de las críticas el oficialista Gerardo Montenegro (Santiago del Estero) recordando el encuentro en que la UCR decidió apoyar la candidatura presidencial de Mauricio Macri.
Según explicó el miembro informante del oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra (La Rioja), el texto impulsado por el ministro de Economía crea un nuevo gravamen sobre los ingresos a partir de un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vital y móvil (SMVM), con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35%.
“Las modificaciones que plantea el proyecto de ley parte de un concepto de no considerar el salario como una ganancia sino como es, una retribución al trabajo y en el caso de las jubilaciones, un haber de retiro”, justificó Guerra.
Le contestó Martín Lousteau (UCR-Capital) quien calificó de inequitativa le medida por los sectores que excluye de sus beneficios. “Los informales, los desempleados, los autónomos, no van a recibir nada”, remarcó, antes de destacar que “los que están arriba de la pirámide salarial van a recibir un beneficio y es, además, tremendamente regresivo porque se va a pagar por inflación”.
Además, se establece la creación de un nuevo “impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros”. De esta forma, quienes obtengan esos mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente, en concepto de mínimo no imponible, la suma equivalente a 180 salarios mínimos.
En el caso de los haberes que superen los 15 salarios mínimos vital y móvil, las alícuotas irán desde el 27% hasta el 35%. El período fiscal comenzará el 1 de enero y la actualización será el 1 de julio de cada año. Además, prevé que las retenciones realizadas sobre los mayores ingresos netos percibidos durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del SMVM vigente en julio.
Por último, el mínimo no imponible se incrementará en un 22% para aquellos trabajadores en relación de dependencia y para jubilados y pensionados alcanzados por el tributo con domicilio en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en Buenos Aires.
La necesidad del oficialismo por ofrendarle a Massa un logro que mostrar de cara a las elecciones de octubre en un contexto de crisis económica con una inflación que supera el 120% en los últimos doce meses, quedó demostrado en el apuro que aplicó al trámite legislativo de la iniciativa. Enviada a la Cámara de Diputados el lunes de la semana pasada, ese mismo día fue dictaminada en comisión y aprobada en el recinto al día siguiente. Cuarenta y ocho horas después, el kirchnerismo aplicó su mayoría en la Comisión de Presupuesto y hacienda del Senado y dejó el texto en condiciones de sancionarlo.
