El crimen organizado amenaza con ser lo único organizado que quede en Ecuador. Además de los miles de muertos de bala por sicarios del narcotráfico, están los millones de muertos de miedo en las zonas más violentas, a ver si ellos también terminan siendo víctimas de las mafias. Y al tremendo costo humano directo se añade el “efecto derrame” de la criminalidad en el resto de la vida ciudadana: cada disparo tiene costos ocultos para el país.
Desde las instituciones políticas a las inversiones extranjeras, el comercio, el turismo y las migraciones, incluso la psique colectiva, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, a solo diez días de elecciones, reveló la profundidad del pozo de criminalidad y de inestabilidad en que se encuentra Ecuador.
Ecuador alcanzó el año pasado su peor registro de violencia criminal, con 4603 muertes violentas, es decir 25 por cada 100.000 habitantes contra las 13,7 de 2021. El aumento del 82,5% lo convirtió en el país con mayor crecimiento de violencia criminal en América Latina. Al mismo tiempo, la violencia criminal distorsionó también los números de la economía en varios niveles, comenzando a nivel de calle.
Los comerciantes de las zonas más afectadas por los tiros y las bombas, como la ciudad portuaria de Esmeraldas, donde circula gran parte de la droga colombiana camino al mercado internacional, son forzados a pagar “vacunas”. Se trata del dinero que piden las bandas criminales a cambio de “protección”, es decir, que no los ejecuten. En 2022 hubo 13.130 denuncias de extorsión, pero solo 66 consiguieron una sentencia. La mayoría de las víctimas guarda silencio.
El clima delictivo que cubre la ciudad como una densa niebla los obliga además a bajar las cortinas más temprano, a riesgo de encontrarse solos en una ciudad de zombis y vampiros. Y cuentan que en Guayaquil, la segunda ciudad del país, se va diluyendo la vida nocturna.
“Es un efecto puntual que castiga a los comerciantes de las zonas más golpeadas y quizás no se sienta a nivel macro. Ahora bien, a escala nacional, la inseguridad podría estar entre los factores que explican la bajísima inversión extranjera directa. En el primer trimestre del año la inversión extranjera fue de apenas 17 millones de dólares, es decir, casi nada en una economía que tiene un PBI de 115.000 millones”, dijo a LA NACION el economista José Hidalgo Pallares, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes).
También es cierto, dijo Pallares, que Ecuador ya venía de 15 años entre los países de la región con los menores flujos de inversión extranjera. Pero incluso con ese antecedente la inversión es excepcionalmente baja, un pasivo que debe atribuirse a la inseguridad.
Criminales mineros
Quienes sí se deciden a invertir son los criminales, devenidos empresarios mineros. Porque hay más que narcotráfico en el vasto mundo del crimen a gran escala en Ecuador, un ecosistema que da para todo tipo de rapiña, arriba o abajo del suelo, y siempre bien organizada.
El gobierno de Guillermo Lasso declaró en enero a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad del Estado. La inquietud se vincula con el perjuicio económico, pero también con la contaminación que producen los metales pesados en los ríos adyacentes.
Detrás de esos emprendimientos hay grandes carteles criminales que no tienen problemas en corromper a policías y militares. Y al mismo tiempo, dijo Pallares, las mafias mineras se oponen al desarrollo de proyectos legales, privando por partida doble a los ecuatorianos de riquezas como los recién descubiertos yacimientos de oro.
Y mientras los comerciantes de Esmeraldas cierran temprano para que no los sorprendan los sicarios, los turistas extranjeros prefieren esquivar las grandes ciudades y viajar sin escalas a los sitios más famosos. Los turistas van directo a las Galápagos, mar adentro, o salen de aventura al Amazonas, donde la ley de la selva les da menos miedo que la ley de los narcos de la ciudad.
Trastornada a todo nivel, desde la inversión extranjera a la extracción minera, la venta minorista o el turismo internacional, la actividad económica vive días de zozobra. Pero no les va mejor a las instituciones políticas. De unos años a esta parte, el crimen organizado intenta mezclarse en la dirigencia, a fuerza de dinero y de muerte, hacerse con el poder y convertir al país en un narcoestado.
Para muchos, ya lo es. Así lo entienden los seguidores de Fernando Villavicencio, quien puso su vida en la línea de fuego con sus advertencias de que, con él en la presidencia, la impunidad tenía fecha de vencimiento. Los narcos respondieron despachando un comando de siete sicarios que lo ejecutaron en la vía pública.
El reino de la impunidad
“Por supuesto que el Ecuador es un narcoestado. Es un proceso de deterioro total de las condiciones sociales. ¿Hasta cuándo vamos a soportar para que no se extienda más? Esto va a crecer y hay que detenerlo”, dijo el candidato presidencial Christian Zurita, que reemplazó a Villavicencio en la boleta del movimiento Construye.
“Un país en el que reine la impunidad no es viable. Y si el Ecuador no sale de este hoyo negro, estamos condenados a ser un narcoestado”, sostuvo por su parte el exsecretario de comunicación Leonardo Laso.
Con la palabra en boca de todos, es imposible discernir cuánto penetró el crimen en las estructuras políticas ecuatorianas. Nadie sabe cuánto hay de Estado y cuánto de narco. Pero, según explicó a LA NACION el analista político Farith Simón, no quedan dudas de que la criminalidad hizo pie en los sectores más gravitantes.
“La presencia del crimen organizado tiene un impacto en la institucionalidad en general, porque no solamente son los políticos, sino que hay sospecha de jueces de que están asociados, así como miembros de las fuerzas armadas y policiales. Ha habido casos donde se ha determinado que son parte de estas bandas criminales”, dijo Simón, profesor de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito.
“Entonces la institucionalidad, hay una idea general de que está tomada ya por la delincuencia organizada. No totalmente tomada, pero con una presencia bien importante no solamente en el nivel de la política, sino también en el nivel de Justicia y órganos de control”, añadió.
La brutal afirmación del crimen organizado sobre la sociedad causa un daño más profundo todavía: la resignada conclusión de que no hay mucho que hacer. “Las estadísticas dan cuenta de una sensación permanente de incertidumbre y de miedo de la población, un deseo que se ha incrementado de migrar fuera del país, hay una ola de migración”, dijo Simón. “En parte tiene que ver con la economía, pero también con el desaliento o la decepción”.
